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Cuando los opositores se radicalizan el gobierno suele beneficiarse

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Algunos políticos opositores creen que cuánto más radicales sean sus posiciones políticas tanto más daño le harán al gobierno.

Pero no es así.
Y a veces sucede exactamente lo contrario y el que sale beneficiado es el gobierno.

No me refiero a las luchas contra dictaduras ni a las guerras civiles. Me refiero a situaciones democráticas comunes, en países donde la lucha política se despliega dentro de la legalidad institucional.

Dentro de esa legalidad, algunos opositores maximalizan sus posiciones. O sea:

  1. Cuestionan al gobierno en todos los terrenos, en todos los temas, cuestionando todas y cada una de sus acciones, criticando todas y cada una de sus palabras, repudiando a todos y cada uno de sus miembros.
  2. Elevan al máximo la tensión política de cada día con acusaciones cada vez más duras, con conceptos cada vez más duros y con lenguaje cada vez más agresivo.
  3. Acompañan el proceso con una gestualidad despectiva y llena de enojo, y también con un uso agresivo de la voz tanto en tono como en volumen.

¿Por qué ese maximalismo radical beneficia al gobierno?
Porque estrecha el mercado opositor, lo hace más chiquito.

Al radicalizarse de este modo la oposición solo convoca a quienes piensan, sienten y actúan exactamente igual. O sea que se condena a sí misma a un círculo estrecho, un círculo de iguales, un grupo reducido.
Y la oposición pone así una barrera respecto a un amplio sector del público.
Sector que seguramente:

  1. Cuestiona al gobierno en algunos temas y terrenos importantes, pero no en otros. Cuestiona a algunos de sus miembros pero no a todos. Cuestiona algunas decisiones y declaraciones, pero no todas.
  2. No soporta vivir en constante tensión política y aunque esté en desacuerdo con el gobierno no adhiere a políticos crispados y enojados.
  3. Puede estar en contra de muchas cosas sin llegar a estar enojado ni indignado.

El maximalismo radical de la oposición suele empujar a ese segmento de la sociedad hacia el campo del gobierno, aún con diferencias y discrepancias.
Es más: le ‘regala’ ese público al gobierno. Y ese público termina definiendo una elección.

¿Cual debería ser la regla de oro para la oposición?
Un programa, un estilo, un tono, una acción y un lenguaje que sean incluyentes, abarcativos de todos los descontentos y no solo de los más radicalizados.

En suma: en política, de lo que se trata es de aislar al adversario.
Y lo que hay que evitar es aislarse uno mismo.

No importa el país. No importa quién está en el gobierno y quién en la oposición. Esa es la regla de oro.
Porque si un ciudadano mira y escucha a un político opositor muy radicalizado…entonces piensa:
‘Si para estar en contra del gobierno tengo que estar tan enojado como tú y tengo que pensar exactamente igual en todos los temas…pues no sé lo que haré pero contigo no estaré.’

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Un modelo Político para el desarrollo de América Latina

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Introducción

Desde mediados de los años ‘70, las ciudades de América Latina se han visto sometidas a una serie de transformaciones importantes. Principalmente, estos cambios se deben a una reducción en el ritmo de crecimiento urbano –provocado por la baja en la migración interna del campo a la ciudad–, y a ciertas transformaciones sociales y políticas que modificaron las bases del desarrollo urbano. En este sentido, las reformas económicas de los años ‘90 que apuntaban a contraer el Estado mediante privatizaciones de empresas públicas y el desmantelamiento del sistema social limitaron seriamente la capacidad de gestión estatal. La decreciente capacidad redistributiva del Estado sirvió para profundizar más la brecha entre ricos y pobres.

Estos procesos de polarización social se vieron reflejados en una nueva redistribución espacial: cada vez más ciudadanos buscan una organización privada y eficiente de su vecindario que les provea de los servicios que antes eran públicos. El abandono de la gestión y control del desarrollo urbano por parte del Estado y su apropiación por parte de actores privados dio como resultado la aparición de formas urbanas comercializables, redituables y valiosas para el mercado.

Es evidente que la libertad nacional, en América Latina no implica la libertad individual como la han entendido algunas corrientes políticas. Los mismos pueblos es preocupan por mas pan y un poco del pastel más bien que por el derecho “de saber, de manifestarse y de discutir, según la propia conciencia”, por lo que nosotros llamamos las libertades civiles.

 

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América Latina está fuertemente impactada por la globalización, con importantes crisis sociales, económicas y políticas, golpeadas por experimentos de reformas estructurales de corte neoliberal inspiradas en el consenso de Washington, que no han reducido la pobreza ni la desigualdad, ni tampoco se ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de la población. América Latina tiene hoy el mayor número de pobres de su historia. El acceso a la educación y al empleo se restringe.

Esta situación da sentido a la rediscusión de los modelos de desarrollo, al desarrollo local y la descentralización como alternativas. Por otro lado hay aspectos positivos, tenemos procesos democráticos en marcha, nuevos movimientos sociales nacionales y regionales (Foro Social, mujeres, sin tierra, involucramiento en foros) y una riqueza de experiencias de carácter social y de base local de una gran envergadura.

Se trata de un dilema para todos los actores, desde los partidos políticos, los actores sociales, el sector privado, las agencias multilaterales, que se plantean diversas soluciones. Aparecen alternativas muy diversas, en las cuales el desarrollo local, la descentralización y la participación de los actores son un común denominador.

El desarrollo local como factor de democracia y desarrollo sustentable no surge por casualidad, sino como resultado del estado de cosas anterior, como una ruta diferente y alternativa de desarrollo nacional y regional.

En relación al tema del desarrollo, América Latina vive horas dramáticas en relación a los temas que hacen a la generación de empleo y su necesario correlato, la mejora de la calidad de vida. El desempleo no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. Lo que hace de él un hecho singular en los últimos tiempos, y de manera creciente, son sus dimensiones y características. Estos aspectos lo vuelve una asignatura ineludible para la formulación de políticas que den cuenta de los mismos.

Al volumen tan importante de desempleados, hay que sumar otro tan importante contingente de trabajadores que tienen serios problemas en la calidad de sus empleos, y otros deben optar por la emigración como vía para mejorar sus ingresos y vivir dignamente.

El desempleo no se distribuye de manera uniforme entre las diferentes categorías de activos, sino que afecta de modo muy desigual a los diferentes grupos y territorios. Siendo un fenómeno de toda la sociedad, el desempleo es un hecho anti igualitario que tiende a concentrarse en ciertos colectivos.

El desempleo, “se nos impone como un hecho social básico para comprender nuestras sociedades, porque, aunque no toda la sociedad esté desempleada, el desempleo está en toda la estructura social”.

América del Sur viene, en el mejor de los casos, de una tradición de políticas “pasivas” vinculadas al mercado de trabajo, desde una óptica por la cual el empleo es directamente dependiente del crecimiento económico, y que, ante situaciones de desempleo, coyunturales, se debe actuar a través de medidas “pasivas” como el seguro de paro o vía la seguridad social. Por el contrario, la realidad ha marcado que el desempleo se ha vuelto mas frecuente en la vida activa de los trabajadores, mas largo, y el retorno al mercado laboral necesita

En América Latina, durante el último siglo, los modelos de desarrollo se han fundamentado principalmente en la teoría Keynesiana del Estado de Bienestar (sin llegar a desarrollarse realmente), en industrialización basada en la sustitución de importaciones, en la planificación central, para el caso específico de Cuba, y en la concepción liberal después de los 80. Estos modelos han dado lugar, en cada caso, a sistemas de protección social que han fluctuado entre los enfoques de la seguridad social, el seguro social y la asistencia social, pasando por las redes mínimas de protección social y el manejo social del riesgo. Estos dos últimos impulsados por organismos internacionales en cabeza del Banco Mundial.

Los sistemas de protección social están estrechamente relacionados con los modelos de desarrollo que históricamente se han consolidado en cada nación: Estos de manera implícita o explícita han determinado la política social.

La protección social (PS) se ha expresado en programas y sistemas de seguridad social y en políticas sociales para disminuir la pobreza y la inequidad, dependiendo de la trayectoria de cada país.

En América Latina (AL) durante las últimas décadas se han implementado propuestas y modelos teóricos para construir sistemas de protección social, entre las cuales sobresale la iniciativa del Banco Mundial (BM) sobre “El manejo social del riesgo” encaminada a la prevención, reducción, mitigación y superación del riesgo en grupos poblaciones vulnerables.

Los modelos de desarrollo se originan en la forma como una sociedad organiza sus recursos materiales y sus instituciones para buscar el progreso y la satisfacción de necesidades de todos sus miembros, articulado con su historia, su cultura, su producción económica, su tradición jurídico política y sus posibilidades de adelanto científico y tecnológico. Considera la extensión de capacidades y complejidades de la sociedad y de los individuos, para ofrecerles mejores posibilidades de satisfacer sus necesidades y aspiraciones.

Franco R. Los paradigmas de la política social en América Latina. En: Alcaldía de Medellín (compiladora). Políticas Públicas y Gestión Social: Una Mirada desde la Gerencia Social. Medellín: Municipio de Medellín; 1997. p. 19-34

Franco, destaca tres modelos que vivió América Latina en el siglo XX como:

a) crecimiento hacia fuera,

b) sustitución de importaciones y

c) modelo post-ajuste.

Estos modelos estuvieron separados por fechas importantes para el desarrollo económico: la crisis económica de 1929 y la crisis de la deuda externa en los años 80.

Otros autores reconocen diferentes modelos de desarrollo a través de la historia. Aquí se describen algunos de ellos (Cuadro). Aunque en América Latina no se desarrolló suficientemente el Estado de Bienestar como en los países europeos, se expone porque gran parte del debate actual en la región, parte de la discusión entre Estado de Bienestar y modelo Neoliberal, la cual se retoma en el ensayo.

Por la época bienestarista, más bien la política social en los países de América Latina  se debatía entre el modelo basado en la Sustitución de Importaciones y el Desarrollista.

Modelos de Desarrollo y Sistemas de Protección Social en América Latina, Siglo XX

Modelo Enfoque

Político

Protección

Social

Política

Social

Experiencias

Pioneras

Año
Keynesiano y Estado de Bienestar Estatista (Estado-Céntrico) Seguridad Social Integral Universal Solidaridad y equidad social Costa Rica,

Uruguay

30-40
Basado en Sustitución de Importaciones Estatalista

(Economía Mixta)

Seguros sociales y Asistencia Publica Ampliación del empleo y gasto público Brasil,

México,

Argentina, Chile, Colombia

40s
Neoliberal Estado de Derecho (Mercado- Céntrico) Redes Mínimas de Plan Social Manejo Social del Riesgo Excluyente Focalización del gasto publico Privatización Descentralización Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Colombia 80s

 

 

90s

Planificación Económica Central Socialista (Socio- Céntrico) Política Social

Integral

Incluyente Redistributiva

Énfasis Social

Cuba

Nicaragua

60s

70s

Modelo Keynesiano y Estado de Bienestar

Este modelo, centrado en la teoría general de la ocupación, el interés financiero y el dinero, se ocupa de agregados como ingreso, consumo, ahorro e inversión, más que de la determinación de precios, que hace parte principal de la teoría económica. Señala la importancia de las variaciones en el nivel de producción y empleo como movimientos equilibradores de la economía para igualar la inversión y el ahorro, determinándose así el nivel de equilibrio de la renta nacional total y de la producción nacional. Reconoce que las tasas de ocupación son indicadores de prosperidad en las naciones y que la falta de ingresos compromete seriamente la conservación de la vida y el desarrollo humano.

El Estado de Bienestar surge como la forma de un Estado Social de garantizar estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, vivienda educación y seguridad social a cada ciudadano, sin discriminación alguna, como derecho político “fruto de las luchas sociales que acompañaron los procesos de industrialización y modernización en las sociedades modernas”. Fleury y Molina lo reconocen como respuesta al proceso de desarrollo de sociedades capitalistas industrializadas y a sus consecuencias, con el fin de lograr estabilidad y seguridad en un nuevo contexto de solidaridad social.

Modelo basado en la Sustitución de Importaciones

En su momento fue muy promisorio para la modernización y el progreso de los países de la región y surtió sus efectos sobre altas tasas de crecimiento, mejores oportunidades de empleo y la posibilidad de que muchos pudieran superar sus niveles de pobreza. Sin embargo, el modelo mostró sus primeras señales de postración en la década de los 70 y la región comenzó a perder competitividad en el mundo, generando pérdida de oportunidades para exportar, altos índices de inflación y la consecuente “crisis de la deuda” de los 80, caracterizada por la caída de las tasas de crecimiento, aumento del desempleo, deterioro de salarios, crecimiento de la pobreza y la desigualad.

Modelo Neoliberal

Se caracteriza por las diversas formas de interacción de los individuos (ciudadanos que automáticamente adquieren la connotación de clientes) en amplios mercados donde los bienes, servicios y valores sociales se convierten en mercancías, con vendedores privados cuyo único interés es la rentabilidad económica bajo el principio de la libre competencia. En este modelo, el consumidor tiene la opción de elegir de acuerdo con su capacidad de compra, pues parte del supuesto de que todos los individuos tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades en un mercado que les ofrece una variada gama de bienes y servicios.

Hayek y Friedman, fundan sus principios en la libertad individual y la desigualdad en una franca crítica al Estado benefactor, por considerar que “la desigualdad es el motor de la iniciativa personal y la competencia de los individuos en el mercado que corrige todos los males económicos y sociales”. El carácter del neoliberalismo es el individualismo en tanto que el individuo liberal es considerado una isla fundamentada en sí misma, centrado en la defensa de sus derechos como individuo a la vida, a la libertad y a la propiedad.

Para sus defensores, “el sistema de precios permite que los individuos cooperen pacíficamente durante breves momentos, mientras que el resto del tiempo cada quien se ocupa de sus propios asuntos”, y en consecuencia, según Hayek “en la sociedad moderna y compleja es preciso recurrir al mercado y a la iniciativa individual”. En América Latina, su expansión se dio en los años 80 a partir de la aplicación de reformas de ajuste económico promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, convertidas en recetas para superar el déficit público y estabilizar las economías en esta región (Consenso de Washington)

Modelo Económico de Planificación Central

Ha sido propio de la antigua Unión Soviética, Europa Occidental y China y experimentado por iniciativas socialistas en América Latina como Cuba y Nicaragua, donde el Estado propietario de los recursos disponibles en la economía decide cómo organizar la producción, tipo de industrias y asignación de recursos, así como la combinación de tecnología con los recursos disponibles.

Sus logros en la primera mitad del siglo XX fueron muy significativos tanto en lo ambiental como en la seguridad y el progreso social: aumento de producción e industrialización, garantía de acceso a servicios de educación, salud, vivienda y empleo para grandes poblaciones, y distribución equitativa de ingresos y de servicios sociales. No obstante, por los años 70 comenzó un proceso de estancamiento, obligando al Estado a emprender reformas de economía de mercado.

Se han planteado otros modelos alternativos y estrategias de desarrollo tales como el desarrollo sustentable impulsado por la ONU, la teoría del Desarrollo a Escala Humana propuesta por Max Neef y el modelo de transformación productiva con equidad de la CEPAL, pero no logran su aplicación de manera consistente.

En AL, de acuerdo con Franco, “cada modelo de desarrollo tiene implícito o explícito una concepción de la cuestión social”. Estos modelos han sido considerados como simplificaciones estilizadas de los rasgos que caracterizan las diferentes etapas del desarrollo y no logran representar totalmente la situación social, ni responder a la conflictividad interna de cada país. Cada modelo de desarrollo se acompaña de su propia política social y a su vez condiciona el sistema de Prevención Social imperante en cada país y aunque históricamente se dieron las singularidades descritas atrás, también se fueron configurando generalidades (modelos o tipificaciones ideales de Prevención Social).

En el análisis de AL en el siglo XX, la etapa previa a la crisis del capitalismo del 29, corresponde al Estado Liberal clásico; la de sustitución de importaciones, al Estado social, planificador e interventor; y la etapa posterior al ajuste, corresponde al Estado Neoliberal.

El primero, se basa en un modelo de desarrollo de mercado externo y su política social se basa en la iniciativa privada, en el auto proteccionismo como forma de PS y en prácticas privadas de mutualismo.

El segundo, basado en el mercado interno, fundamenta la política social en la protección de los trabajadores asalariados y en el seguro social que cubre la relación capital trabajo. Finalmente, el Estado Neoliberal, vuelve con la apertura económica y la confianza en el mercado externo y auspicia una política neosocial atomizada y selectiva, manteniendo su énfasis en la generación de capital humano.

En este último, el modelo de PS se basa en las Redes Mínimas de Protección Social (RMPS), en la focalización y en los seguros privados. Otros consideran que las políticas sociales son “expresiones fragmentadas de las relaciones de clase”, denotando su aparición en áreas separadas del Estado, aparentemente autónomas: política económica, política laboral y política social. En este sentido, Fleury sostiene que el ciudadano es sujeto principal en el modelo de seguridad social integral, donde las prestaciones universales son un verdadero derecho ciudadano (ciudadanía universal).

No obstante, en América Latina nunca lo fue y más bien aparece un nuevo sujeto: el trabajador ligado al contrato de trabajo (ciudadanía regulada), lo que efectivamente corresponde al aseguramiento (seguros sociales) basado en la relación capital-trabajo y en la contribución (Protección Social). De otro lado, el asistencialismo, mantiene en los pobres un nuevo sujeto legítimo y único sobre el cual recae la política: el pobre y el desempleado quienes, mediante la focalización de la política social, se convierten en “sujetos del asistencialismo” (ciudadanía invertida).

De entrada en la crisis, en todos los países latinoamericanos se observa la pérdida de aliento no sólo de las políticas neoliberales sino de los propios sistemas políticos.

Es cierto que hasta la fecha los grupos gobernantes continúan impulsando medidas según el proyecto neoliberal: basta ver la continuación de las privatizaciones, el empuje que buscan darle a la entrada de capital transnacional en México, Perú, Chile, Argentina y Brasil, o los planteamientos frente a la crisis global, tan apegados a las fórmulas del FMI, para nombrar a los mayores. Pero eso es una orientación general con algo de terminal.

En medio de una crisis que comienza a reventar las costuras de sus sistemas financieros, y en donde ya se anota el fuerte descenso de las exportaciones y el crecimiento del desempleo, impertérritamente los gobernantes anuncian, a veces en el extremo de sus períodos de ejercicio, que su vocación coincide con la completa entrega de los recursos naturales y humanos al disfrute del capital extranjero. Al parecer, esta agenda es lo más importante para ellos.

Sin embargo el propio sistema de privatizaciones flaquea: en muchos lugares ya no hay ofertantes en las generosas licitaciones. En otros se ven hundirse a los campeones nacionales de la privatización, a los héroes de la primera y de la segunda ola, y pasan a transferir el control de sus holdings a capitales extranjeros, revelando así su simple calidad de intermediarios en esta expropiación continental.

Pero también, como habíamos venido observando en artículos anteriores, ya el neoliberalismo dejó de ser un polo de ofertas siquiera a futuro inmediato. Su planteamiento central actual reincide en la simple superexplotación del trabajo, en proyectos de corto plazo en busca de una desesperada recuperación de sus tasas de ganancia, políticas de restricciones salariales y desempleo, restricciones fiscales o canalización de los pocos recursos de los estados hacia el salvataje de las empresas quebradas. Una dura lucha de mercados ayuda a perfilar una ya constante y competitiva devaluación. Las economías latinoamericanas ya sólo parecen tener por norte endeudamientos todavía mayores y sólo parecen respirar en la medida que renegocian a títulos cada vez más onerosos sus antiguas y nuevas deudas. Todos los esquemas de solvencia ya están rotos.

Esto último lo puso muy claramente de manifiesto la reciente renegociación de la deuda externa de Brasil, en donde por un leve instante se crearon algunas expectativas que fueron seguidas por las escandalosas devaluaciones de estos dos últimos meses, que a no dudar vendrán a arrastrar al conjunto de las economías latinoamericanas a nuevos tramos en el proceso abierto ya irreversiblemente de su descomposición económica y financiera.

Se produce de esta manera la entrada de todo el continente en un callejón al cual ya han comenzado a desfilar países como Ecuador y que se marca por la encanijada incapacidad operativa del modelo político y la creciente subversión de masas. En América Latina la economía está atascada, y el espacio político comienza a mostrar signos de agotamiento. Un espacio es este que se había construido a la medida del proyecto neoliberal que venía de lanzarse. Un espacio que identificaba y protegía a los operadores de la gigantesca expropiación que venía realizando el capital transnacional en todo el continente. Un espacio que reposaba en fuerzas políticas que llegaron a llamarse “clases políticas” de una ideología confusamente entremezclada y sometida, y sistemas constitucionales que enjaulaban el proceso político en los determinantes de toda esta entrega resignada.

El modelo político que va en busca de su sepultura, en algunos países se construyó a partir de lo que todavía era un sistema transaccional de partidos, pero en la entregada función “modernizante” fue perdiendo bases y credibilidad, y se fue transformando en una cáscara corrompida y maloliente de cumbres. Nadie podrá afirmar con algún apego a la realidad, que en Chile, un país con letreros sobre una pretendida transición democrática, existan bases con relación a alguna de las cumbres partidarias: allí reina un profundo y extendido desprecio con respecto a las cúpulas, que ha tenido ocasión de manifestarse en las últimas elecciones y. muy particularmente, a raíz de la detención de Pinochet. En Brasil, la crisis que se veía venir, la resolvió Cardoso mediante una reelección mentirosa que a las semanas siguientes vino a despertar en un encolerizado rechazo. En Perú la caída del prestigio del aparato semioriental gobernante es vertical. En Ecuador, Mahuad ya no tiene otro sustento que la casta militar. Y en Venezuela se perfila de pronto el amotinamiento del cuerpo electoral con respecto al sistema de partidos tradicionales, y los arrumba. También en ese país, y a consecuencia de esos hechos, vino a reproducirse un planteamiento que también comienza a desplegarse en Chile: la importancia de romper con un sistema constitucional abyecto a través de los mecanismos que pudiera ofrecer la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el gobierno populista de Venezuela, muestra otras facetas que hacen dudar de sus intenciones: pretende seguir con la práctica de las privatizaciones.

Hasta ahora los conductores políticos latinoamericanos, sin excepción vinculados a las empresas transnacionales y sus aparatos, y al crecimiento de una nueva burguesía igualmente transnacionalizante, se habían venido resintiendo de una incapacidad para reproducir el modelo de dominación que habían recibido en momentos más favorables. La operación continuista se hace cada vez más difícil. El continuismo ya no puede seguir con su disfraz de “transición” en Chile, y no logra encontrar otro ropaje. El continuismo ya encuentra límites en México, frente al crecimiento de una oposición democrática y el fuerte empobrecimiento masivo. El continuismo ya no puede apelar nuevamente a la “reelección” en Perú ni en Argentina. Hasta los sistemas “substitutos”, los avales militares de ese continuismo ya no están en condiciones de operar en países claves. En el caso de Chile, por ejemplo, los militares pueden hacer bluffs, pero no pueden dar un golpe de estado y la gente comienza a perderles el miedo. En México el ejército se divide ante la cuestión social.

En los procesos políticos comienzan a pesar otros canales de la opinión, que ya no son los de la televisión, los de los discursos parlamentarios o desde los salones de palacio o desde las oficinas de los organismos internacionales. Las burocracias comienzan a ser mezquinas en esto de formar opinión. Y es esta una crisis que también alcanza a los intelectuales del sistema, que se han vuelto públicamente obtusos e inaudibles. Mientras, en las escuelas, en las fábricas, en las calles, en las casas, en los circos, en los sindicatos, en las redes, y a veces hasta en las columnas de la prensa, comienzan a hablarse otros lenguajes.

La crítica del sistema en América Latina, que precisa reparar en todos los resabios neocoloniales en que hemos ido cayendo, todas esas políticas de la crisis en que se abandonan los poderosos tan descoyuntadamente, no nacerá armada de los textos europeos o primermundistas. Deberá ser una manera muy nuestra de construir una política del significado entre masas que habían dejado de significar. En este sentido es muy importante el modo como la gente comienza a expresar deseos que ya no encajan con las seducciones tramposas de la economía de mercado. Es interesante lo que a este respecto ha estado ocurriendo en Chile, en donde ha habido una gigantesca recuperación de la memoria, que va a tener, inevitablemente, un profundo significado político. Allí el mensaje anterior de los partidos, manipulador y expropiador, y continuista con respecto a la dictadura, es ya letra muerta. Mientras la economía de los milagros se echa a nadar en el piélago recesivo.

Y es interesante este último punto: la entrada en la recesión ya es aceptada por los bancos centrales de la mayoría de los países latinoamericanos. Es un hecho que ha dejado a los proyectos brasileños sin timón ni rumbo. La declaración de recesión en Chile, por Massad, presidente del Banco Central, llevó a examinar el descalabro del comercio y del empleo, que se enmascara con la esperanza publicitada en todas partes: que estamos afortunadamente tocando fondo y que ya comienza o estará por comenzar una vigorosa recuperación…

En México, la crisis genera extrañas palinodias: desde EEUU, los burócratas del Tesoro enrostran a sus socios del sur estar siguiendo una política económica equivocada, mientras fundadores del neoliberalismo a la mexicana, como Salinas y Bartlett trazan rayas en el suelo señalando su distanciamiento ambiguo con esa doctrina. Lo que no afecta a un Gobierno que ahora ofrece la privatización de los servicios eléctricos “para apoyar programas sociales”.

Indudablemente, también concurre a esta encrucijada el resto de la vieja izquierda y hasta la izquierda en vías de reconstitución. Y concurren con las rémoras de este pasado reciente y pantanoso, que hasta ahora le impiden acceder a un discurso inclusivo y revolucionario. Expresan así un sentido de clase media comprometida con el sistema, pero ya no reconocen ni expresan el descontento creciente de los “de abajo”. Viven convencidos que el sistema no tiene alternativas. No acceden a su crítica, al contrario, lo defienden. Y hasta quieren ayudarlo a administrarse. No reconocen el espacio que está abriendo la crisis: viven hipnotizados por el pasado “éxito” del capital y sienten íntimamente su capacidad de cooptación. La consecuencia es la política de medias aguas. Un completo desacuerdo con la realidad.

Y entonces, uno se explica esas miradas de esperanza, fijas en el ascenso de la bolsa de Nueva York hacia los 10 mil puntos históricos y especulativos. O el más tierno aguardar de una recuperación brasileña. Su propio desbarajuste: social, productivo, comercial no ingresa a su maquinaria mental. La ocupan mejor elaborando nuevos esquemas de subordinación al capital internacional, metidos en el foro de la dolarización…

Mientras, se puede medir el crecimiento de la violencia en Colombia, o advertir como la naturaleza se hace cargo de explicar el desastre centroamericano. En Perú, Fujimori ha encontrado una manera de encubrir las duras caídas construyendo un discurso metafísico de “lo que habría podido ser de no haber sido”. Se podría pensar que llega a su fin el tiempo de los payasos.

Sin embargo, se queman todavía algunas reservas provistas esta vez por la estructura del propio sistema político. Y vemos como en algunos países claves, se despliega como generoso paracaídas la coyuntura electoral, en una fórmula de circo sin pan. Por lo general, el método ha sido crear falsas expectativas entre contendores sin un proyecto que los diferencie claramente. En algunos casos como Venezuela, esa posibilidad se desvió un tanto cuando se evidencio el crecimiento de un polo de fuerzas que reclamaba cambios. En otros, la fórmula se muestra todavía efectiva. En cuanto a aquéllos lugares en donde la fórmula ya fue exprimida, los gobiernos deambulan hacia su inevitable enfrentamiento con el descontento popular.

En redondo, América Latina está ante una encrucijada. Y en los próximos meses y años veremos quebrarse muchos dispositivos que estábamos acostumbrados a ver como eslabones acerados. Hasta ahora no ha habido grandes quebrantos políticos, pero es claro: vienen.

En América Latina, los últimos resultados electorales evidencian las dificultades para construir mayorías políticas, una tarea compleja y difícil. La región requiere reconstituir pactos sociales nacionales que le garanticen estabilidad y le permitan mejorar las oportunidades para la gobernabilidad democrática. Sin embargo, las fracturas y las polarizaciones presentes en la mayoría de los países de la región dificultan la labor gubernamental y la posibilidad de generar las condiciones para ejercer los derechos ciudadanos y efectivizar una ciudadanía, tanto política como económica y social. En este marco, los resultados electorales muestran las grandes divisiones dentro de cada país, entre el norte y el sur, entre la capital y la periferia, entre la meseta y el llano, entre la costa y la sierra. Prácticamente en todas partes el descontento de los ciudadanos con las políticas gubernamentales ejecutadas en la década anterior se manifiesta con fuerza, ya sea que se exprese como voto de repudio o como un voto con expectativas diferentes pero que otorga cierta continuidad.

Los congresos se encuentran divididos y sin mayorías claras. Esto obliga a una negociación constante que muchas veces no da resultados y empantana el sistema político. Así, los gobernantes mandan por decreto, lo que genera un mayor desapego ciudadano hacia las instituciones democráticas. Además, encuentran crecientes dificultades para implementar sus propuestas. Todo esto muchas veces estimula la corrupción, percibida como un «camino fácil» para intentar resolver estas dificultades, lo cual solo contribuye a agravar la situación. Es necesario, entonces, diseñar mecanismos para la construcción de acuerdos nacionales efectivos, capaces de reflejar la pluralidad de la sociedad en el marco de una democracia guiada por las mayorías, pero que respete a las minorías.

En este escenario, algunos han señalado que en América Latina se viene consolidando una nueva tendencia de izquierda. Pero lo que está sucediendo en la región es en realidad la búsqueda de opciones, de caminos que se abran a nuevos esfuerzos que ofrezcan respuestas diferentes, capaces de superar la exclusión social y política de una gran mayoría de personas. Superar y mitigar los efectos de las reformas estructurales efectuadas hace más de una década es el reto de los nuevos gobiernos. Los liderazgos emergentes son de diferente tipo, y no parece factible establecer una sola identidad, de izquierda, para englobarlos a todos.

Democracias erosionadas

Los estudios sobre América Latina concluyen que en la actualidad existe un fuerte apoyo a la democracia en la región. A pesar de ello, registran también un nivel casi equivalente de insatisfacción con los resultados de los gobiernos democráticos, que no han logrado resolver las demandas de la ciudadanía. Se ha perdido la esperanza en los gobiernos, en los partidos políticos y en los congresos, lo cual naturalmente afecta la legitimidad de las instituciones democráticas.

En ese sentido, es importante destacar que la democracia por sí misma no es capaz de garantizar el buen gobierno, aunque permite reemplazar a los malos gobernantes por medios legítimos, elecciones democráticas que posibilitan que la ciudadanía se exprese en nuevas tendencias y construya nuevas mayorías.

Sin embargo, muchos presidentes latinoamericanos han sido reemplazados fuera de los marcos electorales, lo cual revela un cuadro complejo de gobernabilidad. Esto no es nuevo. Se trata de una realidad que se ha prolongado durante años. Solo en la última década encontramos nueve presidentes que han renunciado antes de concluir su mandato. En el caso de Bolivia, dos de ellos no terminaron su gobierno; en Ecuador fueron tres; y en Perú, uno. A ello debemos agregar el golpe fallido en Venezuela. Se trata, en suma, de siete casos de inestabilidad en el área andina. Los restantes ocurrieron en Paraguay en 1999 y en Argentina en 2001. En todos los casos, los reemplazos se efectuaron manteniendo un cierto apego a las normas constitucionales, evitando, de esta manera, las sanciones por parte de la comunidad internacional.

Si queremos entender estas inestabilidades, es preciso mirar los sistemas políticos. En general, en América Latina –a diferencia del Caribe anglófono– prevalecen los regímenes presidenciales, es decir, sistemas en los cuales la figura del jefe de Estado es crucial. Las constituciones nacionales ubicaron al presidente en el centro del poder, con facultades muy amplias.

Sin embargo, en muchos países ocurre que el presidente no cuenta con mayoría en el Congreso. A lo largo de la historia latinoamericana, esta situación generó tensiones políticas que fueron resueltas por la intervención, abierta o encubierta, de diversos poderes fácticos, principalmente las Fuerzas Armadas. Hoy esto no es posible. El consenso democrático en la región es fuerte, por lo que romper el marco constitucional lleva al aislamiento político-diplomático y puede generar fuertes sanciones económicas.

La Carta Democrática de las Américas y las cláusulas democráticas incluidas en los pactos subregionales han contribuido de manera fundamental a evitar los regímenes autoritarios. Aunque por sí mismos estos acuerdos no logran otorgar estabilidad y gobernabilidad democrática, hay que reconocer que poseen una importante función de reaseguro democrático, al proyectar incentivos positivos para superar tensiones y evitar rupturas constitucionales.

Los sistemas presidenciales latinoamericanos tienen su soporte o bien en una coalición, o bien en un único partido. Aunque podría suponerse que las coaliciones tienen más fuerza y más capacidad que los partidos para articular un proyecto sólido, esto no necesariamente es así. En la región, encontramos gobiernos fuertes tanto de coaliciones como de partidos. Por ejemplo, en Argentina el peronismo, cuyo principal líder es hoy el presidente Néstor Kirchner, es el eje de un sistema presidencial de partido único muy fuerte, en el que el radicalismo, la principal fuerza opositora, no ha tenido capacidad para articular una propuesta alternativa. En Chile, en cambio, gobierna una coalición fuerte que le ha dado una gran estabilidad al país desde 1990. Pero, como ya se señaló, las coaliciones no aseguran cohesión ni fortaleza. En Bolivia, Ecuador y Guatemala se han formado coaliciones débiles que no tienen un soporte social y parlamentario significativo.

No es posible, entonces, elaborar una conclusión general sobre este tema. Pueden ser las coaliciones las que fortalecen a los sistemas políticos democráticos y su capacidad de gobernabilidad, o pueden ser los sistemas de partido único los que otorgan consistencia democrática y estabilidad. No hay un patrón de comportamiento generalizado. Como se muestra en el cuadro, en América Latina hay hoy cinco coaliciones fuertes y tres débiles, mientras que hay tres sistemas de partido único en el poder muy fuertes y seis débiles; en el caso de El Salvador, se da un empate de fuerzas. La única conclusión que se puede establecer son las dificultades para construir mayorías que den sustento y refuercen las capacidades de gobernabilidad, sobre todo en el contexto de países fragmentados social y políticamente.

Coaliciones y partidos políticos en América Latina

Coaliciones

Un partido

Brasil F

Bolivia D

Colombia F

Chile F

Uruguay F

Venezuela F

Ecuador D

Argentina F

Perú D

Paraguay D

Guatemala D Costa Rica D

El Salvador E

República Dominicana F

Nicaragua D

Honduras F

Panamá F

Haití D

México D

 

Los sistemas políticos latinoamericanos han demostrado su incapacidad para establecer políticas de Estado y construir mayorías estables que les den sustento. Es decir, fijar políticas que puedan proyectarse más allá de una gestión y que sean más incluyentes que las opciones del partido o la coalición que se encuentra en el gobierno. Hablamos de políticas permanentes, a las que se les destinen los recursos humanos y financieros necesarios para su ejecución, y que sean diseñadas y ejecutadas con una participación amplia de la ciudadanía.

Como resultado de estas situaciones, muchas de las principales demandas y los principales problemas de carácter político, económico y social no se resuelven, y se incrementan la exclusión y la desigualdad. Asimismo, en muchos países no se han resuelto los déficits de institucionalidad política, lo que favorece la polarización y la desafección. En el campo económico, no hay consensos básicos sobre la agenda de crecimiento y desarrollo.

Un gran déficit de los sistemas políticos latinoamericanos es la incapacidad para establecer normas que faciliten los procesos para concertación de políticas. Esto permitiría construir visiones y misiones que sean desarrolladas por los diversos actores; después, los partidos políticos, los movimientos y otras formas de organización que buscan ejercer el poder podrían proyectar estos acuerdos en programas de gobierno que reflejen de manera amplia los intereses nacionales en el contexto de la globalización.

La pobreza y la inequidad: un desafío crucial

Los principales problemas de América Latina siguen siendo la pobreza y la inequidad. En 1990, el porcentaje de población que vivía en la pobreza se ubicaba entre 45% y 47%. En 2006, más de 40% de los latinoamericanos son pobres. Si bien ha disminuido algunos puntos porcentuales en algunos países, y aunque se ha mejorado la relación en términos de indigencia y pobreza, la desigualdad sigue siendo dramática. Se ha profundizado la fractura social, aumentan las diferencias económicas y sociales y la exclusión.

La pobreza se reduce muy lentamente y la brecha entre ricos y pobres se agranda. Además, no se ha logrado incorporar a los pueblos originarios, que representan a la mayoría de la población en varios países. Se trata de un hecho estructural que afecta fundamentalmente a sociedades como la guatemalteca, la ecuatoriana, la peruana y la boliviana.

Desde 1995 hasta 2003, muchos países registraron un crecimiento negativo y un estancamiento de sus economías. A partir de 2003, comenzó a recuperarse el crecimiento.

Sin embargo, las cifras son bajas para poder siquiera suponer que se puedan superar los problemas de pobreza. Además, hay que tener en cuenta las tasas de desempleo, en particular el urbano, y especialmente el de los jóvenes, que es el doble que el de los mayores de 24 años. Como dato positivo, la inflación ha logrado ser controlada y existe una mayor responsabilidad económica en esta materia.

La corrupción: un mal endémico

La corrupción afecta de manera directa la vida y las instituciones democráticas, así como la salud económica de los países de la región. En todos los Estados y las sociedades latinoamericanas existen diversos grados de corrupción. Cuando es sistémica, impacta sobre el conjunto del Estado.

Por otro lado, la corrupción afecta tanto al sector público como al privado. Y está en la base de los procesos de erosión del imperio de la ley y del tratamiento discriminatorio que a menudo sufre el conjunto de los ciudadanos. Todo esto afecta de manera sustancial la percepción negativa de la ciudadanía sobre los sistemas políticos.

 

América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB 2004-2007

(tasas de variación porcentual anual)

2004 2005   2006     2007

 

 
      Escenario     Escenario

 

 
    Bajo Proyectado Alto Bajo Proyectado Alto

 

América Latina y el Caribe

5,9 4,5 3,7 4,6 5,0 3,1 4,1 4,7

 

América del Sur 6,9 5,1 3,8 5,0 5,6 3,0 4,4 5,1

 

Brasil

4,9 2,3 2,0 3,5 4,0 2,0 3,7 4,5
Cono Sur

8,4 8,3 6,0 6,9 7,3 4,3 5,4 5,9
Comunidad Andina

9,5 7,0 4,8 5,7 6.5 3,1 4,4 5,1
México y

Centroamérica

4,2 3,1 3,3 3,6 3,8 3,3 3,6 3,8
Centroamérica

4,0 4,0 3,5 4,2 4,8 3,5 4,2 4,9
México

4,2 3,0 3,3 3,5 3,7 3,3 3,5 3,7
Caribe

4,0 4,2 5,2 5,9 6,1 3,6 4,3 5,0
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL): América Latina y el Caribe: proyecciones

2006-07, Santiago de Chile, abril de 2006.

La corrupción: un mal endémico

La corrupción afecta de manera directa la vida y las instituciones democráticas, así como la salud económica de los países de la región. En todos los Estados y las sociedades latinoamericanas existen diversos grados de corrupción. Cuando es sistémica, impacta sobre el conjunto del Estado. Por otro lado, la corrupción afecta tanto al sector público como al privado. Y está en la base de los procesos de erosión del imperio de la ley y del tratamiento discriminatorio que a menudo sufre el conjunto de los ciudadanos. Todo esto afecta de manera sustancial la percepción negativa de la ciudadanía sobre los sistemas políticos.

Muchas de las medidas anticorrupción aplicadas en América Latina no han dado los resultados esperados, y son pocos los ejemplos de éxito. Combatir la corrupción es una tarea dura, que requerirá cambiar patrones culturales importantes. De todos modos, adquiere cada vez mayor relevancia política. En este campo, el papel de la sociedad civil es particularmente significativo. Las organizaciones financieras internacionales prestan cada vez más atención a la transparencia y también a la capacidad de los ciudadanos organizados para llevar adelante una fiscalización institucionalizada y sistemática.

La corrupción constituye, por lo tanto, un factor esencial de deslegitimación de los sistemas políticos y de su dirigencia y produce un creciente repudio ciudadano. Una encuesta realizada por Flacso-Chile en diversas ciudades latinoamericanas indica que la corrupción es considerada un problema grave por 80% de los consultados en Brasilia, 70% de los de Buenos Aires, 50% de los de Montevideo y 33% de los de Santiago de Chile. En Buenos Aires y Brasilia, casi 100% de los encuestados asegura que el país sufre la corrupción como un problema importante. En Montevideo, esta cifra alcanza a 91%, y en Santiago de Chile, a 88%. Los resultados de esta medición reafirman las perspectivas señaladas por todos los estudios de opinión pública que se efectúan en la región y por los indicadores de entidades como Transparencia Internacional.

Incremento de la violencia

En las democracias de América Latina encontramos un débil imperio de la ley. Esto significa que hay áreas, en cada uno de los países, en las cuales no existe control estatal y donde la violencia es ejercida por organizaciones no estatales. Esto afecta la gobernabilidad democrática. La violencia crece, en parte como consecuencia del tráfico de armas livianas, que también impulsa los secuestros. Un país que carece de capacidad para imponer el imperio de la ley sobre su territorio y proteger los derechos humanos, cuidar a las personas y  hacer cumplir el orden estatal se expone a una mayor polarización social y a una mayor inestabilidad.

Los sistemas políticos, las instituciones y los partidos políticos no han logrado ofrecer respuestas adecuadas a estos problemas. En todas las grandes ciudades latinoamericanas existen áreas en las cuales el imperio de la ley y del Estado democrático no llega. Son barrios o zonas controladas por organizaciones ligadas a actividades ilícitas, que ejercen el control efectivo. Por esta razón la demanda de seguridad ciudadana ocupa hoy los primeros lugares en la agenda política. Sin una respuesta adecuada por parte de los partidos políticos, los parlamentos y los gobiernos, que cada vez más deben incorporar la coordinación internacional a las posibles soluciones, surgirán opciones que pondrán el acento en la «justicia por propia mano».

El crimen organizado es un peligro en ascenso. Los sistemas políticos latinoamericanos han sido renuentes a abordar este tema: hoy no forma parte de los programas presidenciales ni de las visiones de los partidos políticos. Sin embargo, la criminalidad organizada y los ilícitos de carácter transnacional poseen un impacto cada vez mayor.

La adopción del concepto de multidimensionalidad permitió abordar fenómenos de seguridad complejos, en los cuales lo determinante no son los factores militares sino las nuevas amenazas. En ese sentido, este concepto amplio de seguridad incluye aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. El control y la limitación del crimen organizado transnacional demandan mayores niveles de coordinación interestatal y el desarrollo de una institucionalidad supranacional. Para ello, los partidos políticos y los congresos de los países latinoamericanos deben abordar este tema como una prioridad de carácter nacional, como una política de Estado que requiere el esfuerzo del conjunto del sistema político.

Sorpresas y sorprendidos: las crecientes dificultades para auscultar la realidad regional

En los análisis de los científicos sociales y de los gobiernos, el uso de las encuestas como instrumentos de interpretación de la realidad ha tenido gran relevancia. Se consideraba que, si estaban bien diseñadas, poseían la capacidad pronosticadora suficiente y mostrarían tendencias acerca de los temas emergentes en las agendas y la valoración de los liderazgos. Sus resultados eran vistos como una referencia cercana a la realidad política de cada país, que permitía tomar decisiones con mayor certeza. Sin embargo, las últimas elecciones en América Latina demuestran que, en general, las encuestas no han logrado adelantar las tendencias y los resultados de los procesos de decisión popular. En la región, pareciera existir una marcada tendencia a un voto oculto que, por alguna razón, hace que aquellos que buscan leer la opinión pública únicamente a través de las encuestas se equivoquen.

Esto tiene consecuencias que van más allá de lo electoral. Cuando se ejerce el poder y se busca aplicar medidas que fortalezcan la gobernabilidad, por lo general se elaboran estrategias basadas en los indicadores que surgen de las encuestas en cuanto a la aceptación de diversas decisiones o políticas por parte de la ciudadanía. Incluso, se ha señalado que algunos gobiernos responden más a una democracia mediática, a los resultados de mediciones coyunturales, que a los intereses de largo plazo de una democracia consolidada.

Entre noviembre de 2005 y diciembre de 2006, se habrán realizado doce elecciones en América Latina. Al menos en algunos casos, los resultados han sido inesperados, sin coincidir con los pronósticos de las encuestas. Esto ha generado sorpresas y sorprendidos, e indica que es necesario mejorar los instrumentos y combinarlos con otros indicadores y otro tipo de mediciones capaces de auscultar lo que la sociedad realmente está pensando.

En Honduras, el triunfo electoral de Manuel Zelaya estuvo en duda por 15 o 20 días. En Bolivia, se suponía que Evo Morales obtendría un porcentaje importante en la primera vuelta, pero en ningún momento se pensó que alcanzaría 54% de los votos y que no sería necesaria una segunda ronda. Otro tanto ocurrió en Costa Rica con Oscar Arias, del Partido Liberal Nacional: en los días previos a la elección, las encuestas le auguraban un triunfo claro, con alrededor de 48%, pero finalmente el resultado fue un virtual empate con Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, con solo un punto de diferencia, uno de los márgenes más estrechos de la historia reciente de ese país.

La revisión de los votos fue un proceso largo, que se extendió por más de un mes, y demostró la fortaleza de la democracia costarricense, pues la sociedad esperó con tranquilidad la revisión manual hasta comprobar que, efectivamente, Arias, con el apoyo de las provincias de la periferia, había logrado ganar las elecciones en la primera ronda.

Otro tanto ocurre en México, donde en el mes de abril todas las encuestas indicaban que Andrés Manuel López Obrador tenía una mayoría muy importante  y aventajaba a los otros dos candidatos. En mayo, la diferencia se había acortado en distintas encuestas: algunas le otorgaban a Felipe Calderón una ventaja equivalente al margen de error de 3%. Otras, por el contrario, señalaban la ventaja de López Obrador. El resultado del 2 de julio mostró un empate técnico. En la noche de la elección, el Instituto Federal Electoral no pudo dar a conocer a un ganador. Dos días después, Calderón fue proclamado triunfador con un escaso margen de 0,56%. López Obrador anunció la decisión de impugnar el resultado y solicitar la intervención de los tribunales, y encabeza una resistencia civil. Así, pareciera repetirse la situación de la elección de Estados Unidos, en la cual la Corte Suprema finalmente le endosó el triunfo a George W. Bush. En México, el cuadro electoral mostró una gran polarización entre el electorado del norte y del sur.

Situaciones muy distintas fueron las que se presentaron en Chile y en Haití, donde era previsible que ganaran Michelle Bachelet y René Preval, respectivamente. En el caso de Chile, se sabía que, dada la conformación del espectro electoral, iba a ser muy difícil que Bachelet obtuviera 50% de los votos en la primera vuelta, aunque probablemente sí los alcanzara en la segunda. Efectivamente, consiguió más de 54%. En Haití, Preval obtuvo alrededor de 49% en la primera ronda y, por un acuerdo y una interpretación política del conjunto de partidos, se decidió repartir de manera proporcional los sufragios en blanco, con lo que superó el 50% requerido para evitar una segunda ronda y un periodo de gran incertidumbre.

En Perú, el resultado de las elecciones se preveía incierto: aunque Ollanta Humala aparecía como el gran favorito para la primera vuelta, no era evidente que Alan García superara a Lourdes Flores. Al cierre de las elecciones, matizadas por acusaciones acerca de la intromisión del presidente venezolano Hugo Chávez debido a su apoyo a Humala y su confrontación verbal con García, los resultados finalmente favorecieron al líder del APRA. Sin embargo, también mostraron un Perú claramente fraccionado entre la costa y la sierra, y entre la capital y el interior.

Hay, también, casos más previsibles. Podemos señalar posibles resultados futuros como, por ejemplo, la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que adquiere cada vez más fuerza. Esto es así porque el presidente logró superar el gran impacto de las acusaciones de corrupción a su gobierno, restablecer su liderazgo en el Partido de los Trabajadores y afianzar una coalición. De igual forma, lo más posible es que, en diciembre, Hugo Chávez pueda obtener un triunfo electoral, equivalente al que consiguió en el plebiscito revocatorio. En este contexto, es importante recordar lo que ha señalado el presidente de Venezuela, quien afirmó que si la oposición boicotea el proceso y no se presenta a las elecciones, realizará los cambios constitucionales necesarios para asegurarse el ejercicio del poder hasta 2031.

Los ejemplos anteriores demuestran que los resultados electorales manifiestan algunas tendencias no previstas y también algunas continuidades. De las elecciones ya realizadas, en cinco casos hubo resultados sorpresivos, y en tres, previsibles. De las cuatro restantes, dos cuentan con una alta incertidumbre y otras dos parecen más claras.

 

Elecciones en 2005 y 2006: cambio de liderazgo, América Latina

Honduras Noviembre 2005 Manuel Zelaya

 

Sorpresa
Bolivia

Diciembre 2005 Evo Morales Sorpresa
Chile

Enero 2006 Michelle Bachelet Previsible
Costa Rica

Febrero 2006 Oscar Arias Sorpresa
Haití

Febrero 2006 René Preval Previsible
Perú

Abril 2006 Alan García Sorpresa
Colombia

Mayo 2006 Reelección Uribe Previsible
México

Julio 2006 Incierto Sorpresa
Brasil

Octubre 2006 Reelección Lula Previsible
Ecuador Octubre 2006 Incertidumbre Incierto
Nicaragua

Noviembre 2006 Incertidumbre Incierto
Venezuela Diciembre 2006 Reelección Chávez Previsible

En la mayoría de los países, observamos una fragmentación territorial en la votación, en la cual las áreas más postergadas expresan su rechazo al modelo económico y político vigente. Del mismo modo, en prácticamente todas las elecciones la fragmentación en los congresos es muy alta. Todo esto impondrá importantes desafíos a los presidentes elegidos, especialmente en aquellos países donde no está prevista una segunda ronda electoral. En estos casos, muchas veces los ganadores llegan al poder con un apoyo prácticamente minoritario si se considera el alto nivel de abstención. Éstos son los casos de Honduras, Costa Rica y México.

Construyendo los indicadores para el nuevo mapa político

Apelar a los conceptos de izquierda o derecha desde la perspectiva tradicional para definir y analizar el panorama político regional y los resultados de las elecciones se demuestra como un ejercicio inútil. Estos criterios, propios de la Guerra Fría, hacen difícil ubicar o encasillar a los actuales líderes políticos latinoamericanos. Es un prisma político que dejó de ser útil. En efecto, es difícil afirmar que Lionel Fernández u Oscar Arias son de derecha, de la misma manera que es difícil señalar que Lula o Bachelet representan hoy a la izquierda tradicional. Izquierda y derecha, hoy por hoy, no reflejan las identidades esenciales de los nuevos líderes, ni representan los cambios que están ocurriendo en el mundo.

Es difícil pensar un mapa político de la región totalmente estructurado, pero sí podemos señalar algunas claves necesarias para su construcción. De esta manera, podemos contar con algunos indicadores que nos permitan interpretar y comprender la actual coyuntura latinoamericana. Además de la pobreza e inequidad, el incremento de la violencia y el ascenso de la corrupción, es necesario considerar nuevos factores. Entre los principales, podemos mencionar el peso de los factores geopolíticos, la división entre una América Latina del Norte y una del Sur, el clima antiestadounidense, la inserción en la economía global y la percepción sobre los tratados de libre comercio, la polarización política y el déficit en la integración social, las disputas por el liderazgo, la tensión entre el populismo y la responsabilidad, y los impactos de la crisis de representación.

En primer lugar, podemos pensar que, debido al peso de la economía, la influencia de EEUU, los procesos migratorios y el envío de remesas, se están constituyendo dos Américas Latinas diferenciadas: una del norte y otra del sur. Los lazos culturales representan el principal vínculo entre ambas. En la del norte, los procesos de integración económica y comercial han tenido mayor estabilidad, como lo demuestra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Al mismo tiempo, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU (Cafta, por sus siglas en inglés) refleja el esfuerzo comercial de Washington y su interés por reforzar su peso unilateral por medio de un acuerdo que, en apariencia, es multilateral. En esta zona, la relación con EEUU es muy importante: ese país concentra el mayor porcentaje de las exportaciones desde esta región. Es, además, una zona privilegiada por las inversiones estadounidenses y el desarrollo de la maquila.

En segundo lugar, la forma en que el gobierno de George W. Bush llevó adelante la «guerra contra el terrorismo» primero, y luego la invasión a Iraq, decidida fuera de las normas de la legalidad internacional, ha generado un fuerte rechazo mundial, incluyendo a los países más importantes de América Latina. En Sudamérica tiende a prevalecer una posición más antiestadounidense, de cuestionamiento y menor apoyo a sus políticas. Un sondeo efectuado por Flacso-Chile en cuatro capitales del Cono Sur –Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Santiago– indicó que 70% de  los consultados consideró a EEUU como un país imperialista que no promueve la paz mundial. También un altísimo porcentaje –82%– aseguró que se entromete en los asuntos de otros países2. En cambio, con la excepción de México, los países de la América Latina del norte han apoyado las políticas unilaterales de Washington.

En tercer término, en Sudamérica se observa un mayor nacionalismo y una crítica a cierta perspectiva de la globalización. Esto se conjuga con la tendencia antiestadounidense y el rechazo al unilateralismo. En América Latina, siete países rechazaron la invasión a Iraq y siete la apoyaron, mientras que tres manifestaron posiciones relativamente ambiguas. Los países de mayor tamaño y peso relativo la criticaron fuertemente. Las voces que expresaron esta posición con una gran consistencia fueron México y Chile en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

En cuarto lugar, América Latina está dividida en cuanto al impacto y la forma de enfrentar el colapso del Consenso de Washington, en especial en relación con la apertura comercial y los acuerdos de libre comercio. Los países con costas sobre el Pacífico tienden a apoyar la apertura comercial, mientras que los países del Atlántico –Argentina, Brasil y Venezuela– rechazan esta apertura y, en particular, los TLC firmados con EEUU. En verdad, esto no se relaciona tanto con estar sobre uno u otro océano, sino con el hecho de que las economías del Atlántico son industriales: Brasil y Argentina tienen una industria nacional y, por lo tanto, cuentan con una política de defensa de sus productores frente a EEUU. En cambio, en las economías del Pacífico –Chile, Ecuador, Perú y, eventualmente, México– una parte muy importante de las exportaciones está ligada a los recursos naturales: en México el petróleo, en Chile el cobre, en Ecuador y Perú la minería. Por lo tanto, la apertura comercial contribuye a abrirles mejores opciones hacia los distintos mercados del mundo, en particular hacia China.

Estas visiones distintas ocurren en el contexto de un mayor distanciamiento entre los países, críticas mutuas y puntos de vista divergentes entre las naciones latinoamericanas y EEUU, y entre la Unión Europea y América Latina. Para superar la marginalidad creciente de la región en los temas globales, tanto políticos como comerciales, es esencial poder diseñar una agenda de cooperación constructiva que sea capaz de abordar los temas sustantivos que interesan a los distintos actores. Es indudable que toda agenda de futuro que vincule a la región latinoamericana con los mayores poderes de Occidente deberá incorporar, junto con los temas comerciales y de migración, cuestiones de seguridad que requerirán tener en cuenta el problema de las drogas, el crimen organizado y el terrorismo.

En quinto término, hay una gran polarización política y social. Algunos países tienen fracturas sociales muy profundas que pueden generar situaciones de alta conflictividad, como ocurre en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Colombia o Haití. También hay países relativamente estables, con niveles aceptables de integración y cohesión social, como Chile, Uruguay, México y Costa Rica. Esto no implica la inexistencia de conflictos o tensiones, pero comparativamente éstos son bastante menos graves que en el resto de la región. En el grupo de países más conflictivos, las dificultades de gobernabilidad están directamente relacionadas con estas fracturas sociales y con la polarización, lo que puede desembocar en enfrentamientos y en crisis o rupturas del orden democrático.

En sexto lugar, la competencia por el liderazgo estimula las diferencias entre los presidentes de la región. La confianza interpersonal entre los mandatarios se ha erosionado, tal como evidencian los discursos y las recriminaciones. Esto va más allá de un determinado énfasis durante la campaña electoral. Es algo más profundo. En este contexto, los choques con Hugo Chávez se han incrementado. El «efecto CNN» –es decir, el impacto de los medios audiovisuales– aumenta la repercusión de los discursos más allá de los actores directamente involucrados. La crisis del gobierno de Lula afectó la capacidad de liderazgo de Brasil. Ese espacio fue aprovechado por Chávez, quien, además, posee recursos económicos que está dispuesto a utilizar para afianzar su proyecto de integración alternativo (la Alternativa Bolivariana para las Américas –ALBA–) y su propuesta política. Esto marca una diferencia sustantiva con otros momentos de disputa por el liderazgo, en los que Brasil siempre aparecía con más recursos, independientemente de si los usaba o no y de su grado de efectividad real. Hoy, los recursos derivados del petróleo venezolano están dirigidos a desarrollar un proyecto alternativo de integración e inserción de la región y un cambio del modelo político.

La séptima cuestión es el debate entre populismo y pragmatismo. Los márgenes de acción para los países latinoamericanos en el contexto de la globalización son limitados. Ello hace que sea difícil diferenciar entre los distintos programas y propuestas que se pueden aplicar. Quienes buscan insertarse en el sistema global intentan desarrollar políticas definidas como «responsables», que en algunas áreas de la macroeconomía no se diferencian sustancialmente de las políticas neoliberales. En cambio, sí se diferencian profundamente en el aspecto social: sus programas buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de los sectores más postergados y vulnerables.

Sin embargo, este tipo de liderazgo no hace grandes ofertas, ni pregona la solución de los problemas de las grandes mayorías. Apela más bien a la responsabilidad para alcanzar soluciones en un contexto de opciones limitadas.

La crisis de representación favorece la aparición de propuestas «neopopulistas». Eminentemente político, el fenómeno neopopulista se manifiesta en un tipo de liderazgo en el cual el rol de las instituciones es muy limitado, ya que se basa en una comunicación directa entre el líder y el pueblo. Ello se ve facilitado por los medios audiovisuales. Este discurso y esta respuesta política poseen la capacidad de generar importantes movilizaciones. El populismo es un detonador de inestabilidad y profundiza la crisis de representatividad de las instituciones democráticas. El cambio en las reglas, la desinstitucionalización, la concentración de poder y el clientelismo se transforman en expresiones políticas recurrentes. Los legados del neopopulismo en el sentido político, con independencia de sus resultados económicos y sociales, demandarán la reconstrucción de las instituciones, del estado de derecho y de los derechos ciudadanos. Tareas nada fáciles en un contexto de decepción de la ciudadanía, que ve frustradas sus esperanzas. Recuperar los sistemas políticos luego del colapso del populismo puede llevar mucho tiempo, un gran esfuerzo y una gran voluntad política. A todo lo anterior hay que agregar un último elemento esencial: los plazos de concertación y negociación de los proyectos regionales son cortos. Aquellos que no sean diseñados, concertados, aprobados y cuenten con capacidad de implementación inmediata no tendrán perspectivas de futuro. En 2009, se iniciará otro ciclo electoral en la región, que volcará la energía de los países a su dinámica interna, relegando, una vez más, los temas de concertación e integración regional.

 

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Conclusión

El desarrollo vendrá, no como la culminación de un largo proceso de evolución social, si no como un salto brusco de un sistema social a otro radicalmente diferente.

En primer lugar los argumentos socialistas tradicionales sobre la injusticia de la posesión particular de los recursos naturales y de los grandes medios de producción tienen el mismo valor cuando los “propietarios” son países ricos entre países pobres.

La democracia y el socialismo son dos conceptos antiguos. Pero como ideologias efectivas son profundamente influyentes en el pensamiento y en la práctica de los hombres, son productos del mundo occidental como este se ha desarrollado desde mediados del siglo XVIII hasta la primera guerra mundial. Resulta difícil revisar ninguna gran ideología sin primero comprender que el mundo de hoy es muy diferente del mundo de Adam Smith, Karl Marx, Edmund Burd o Thomas Jefferson.

Quienquiera que revise hoy el socialismo viene obligado a considerarlo como una solución a ese problema de la humanidad, no solo en determinadas naciones sino en el mundo entero.

Ni el socialismo ni la democracia pueden triunfar si son practicados solo en unos pocos países. El ascenso no puede hacerse imitando la historia del desarrollo económico de los estados Unidos. No será una cuestión de unos pocos años. Probablemente será necesario un gobierno autoritario que aplique algún tipo de economía socialista o colectiva.

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Bibliografía

 

  • El nuevo mapa político latinoamericano

o   Francisco Rojas Aravena

  • Protección Social y Modelos de Desarrollo en América Latina

Latin-American social protection and development models

o   Luz M. Mejía-Ortega y Álvaro Franco-Giraldo

  • Competencia y sentido social: un modelo de desarrollo para América Latina

o   Martin Acosta Tamayo

  • Un socialismo para el hombre real

o   Norman Thomas

 

 

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